

El año 2022 el gobierno de Tanzania aprobó el traslado de 82.000 masai desde sus tierras en el Área de Conservación Ngorongoro (NCA) hacia Msomera y alrededores a 600 kilómetros de distancia en Tanga. Así empezó la Guerra de la Reubicación entre los 100.000 masai, que habitan la región y el gobierno central en Dar es Salaam.
La última batalla del conflicto ocurrió el 18 de agosto de este mismo año 2024 cuando 40.000 miembros de la tribu, amparados por el frío y la niebla, invadieron la carretera entre Ngorongoro y el Parque Nacional del Serengeti, paralizando la circulación entre los dos principales atractivos turísticos del país.
Las muchas batallas de una larga guerra
Las autoridades argumentan que el crecimiento de la población masai en la región del NCA y su estilo de vida pastoral y seminómada son inviables para la fauna y perjudican la conservación de la región del Ngorongoro. Los masai que en 1959 apenas pasaban de los 8.000, según los gobernantes del país, suman hoy más de 96.000.
Los líderes tribales y sus abogados prueban que el argumento es absurdo, pues según la Oficina Nacional de Estadística la densidad de población en NCA es tan solo de 10 personas por Km2, mientras en otras regiones de Tanzania pasan de las 1.000 personas por Km2. La reubicación, según ellos, solo busca la promoción del turismo y no se debe a razones demográficas o de conservación.
A lo largo del 2022 el gobierno tomó medidas que equivalen a un desalojo forzoso más que a una reubicación voluntaria: degradó el único hospital en la región, que ofrecía servicios médicos, a dispensario. El personal médico fue asignado a otras zonas y se interrumpieron los servicios de ambulancias. El sector educativo quedó también indefenso pues el gobierno transfirió 76.000 € de las escuelas públicas de Ngorongoro a Msomera. Más de millón y medio de euros, que percibía la región NCA, fueron destinados fuera del territorio.
Varias organizaciones dentro y fuera del país han denunciado la falta de transparencia y fallas en el proceso por parte del gobierno. No se han publicado datos oficiales sobre la compensación, y tampoco los habitantes de la provincia de Tanga, donde tienen que refugiarse los masai, han recibido consulta alguna oficial sobre los planes de reubicación.
En julio del 2024 el gobierno aprobó suprimir en la región Ngorongoro 11 distritos, 25 aldeas y 96 sub-aldeas privando de un plumazo a toda la población masai del NCA su derecho a votar en Ngorongoro, asignando sus nombres a centros de votación en Msomera. Fue el detonante que provocó la protesta del 18 de agosto.
La población se organizó y más de 40.000 masai invadieron la carretera, paralizando a cientos de vehículos todoterreno de turistas que habían pagado una jornada de safari. Cuatro días más tarde, el 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Arusha suspendió temporalmente la disolución de distritos y aldeas, decretada por el gobierno.
Las verdaderas razones de la reubicación
En enero del 2022 el comisario regional de Arusha informó a los líderes masai sobre la decisión del gobierno de arrendar a la compañía Otterlo Business Company 1.500 Km2 de tierra en Ngorongoro. Se trata de una empresa árabe dedicada a promocionar la caza y los safaris en África. El gobierno busca demarcar el área controlada de Loliondo (4.000 Km2) como zona de caza de trofeos.
El proyecto sigue en pié a pesar de las airadas protestas de toda la población masai. Lo que comenzó como rumores sin verificar, está a punto de hacerse realidad. Nuestro gobierno, al igual que otros muchos gobiernos africanos, fuerza a miles de sus ciudadanos a desplazarse y abandonar sus tierras ancestrales para favorecer a empresas extranjeras.
Nuestros gobernantes han apostado por el turismo como un modo fácil de sanear su economía. Según datos oficiales el año 2023 llegaron a Tanzania 1.8 millones de visitantes y dejaron para las arcas del gobierno 3.500 millones de dólares USA. El turismo significó el 17% del PIB nacional. Es la eterna guerra entre el dinero y los seres humanos: 700 masai han huido ya de Tanzania a Kenia, mientras se espera que otros 70.000 tengan que abandonar también sus tierras cuando el gobierno cierre definitivamente su proyecto turístico.
¿Quién ganará la guerra?
No es la primera vez que se fuerza a los masai a abandonar sus tierras. El gobierno colonial, en los años 50, lo hizo en su afán de preservar el Parque Nacional del Serengeti. Forzó a más de 60.000 miembros de la tribu a trasladarse al cercano cráter del Ngorongoro, de donde hoy quieren sacarlos. Es la interminable historia que han vivido los masai y a la que se niegan en este momento de su existencia.
La Unesco presentó al gobierno de Tanzania un plan de reubicación voluntaria y sentó las bases legales para el traslado de los masai fuera del NCA. Ocho relatores de la ONU expresaron también al ejecutivo sus temores por los desalojos forzosos, demoliciones de casas y otras restricciones. Ni la intervención de estas instituciones internacionales, ni el paro temporal del proyecto de reubicación decretado por el Tribunal Supremo de Arusha, pondrán fin al afán de recaudar un dinero fácil a los políticos del país.
Es ley de vida: los peces grandes se comen a los pequeños. Las grandes multinacionales son una tentación irresistible para nuestros gobernantes.
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El año 2022 el gobierno de Tanzania aprobó el traslado de 82.000 masai desde sus tierras en el Área de Conservación Ngorongoro (NCA) hacia Msomera y alrededores a 600 kilómetros de distancia en Tanga. Así empezó la Guerra de la Reubicación entre los 100.000 masai, que habitan la región y el gobierno central en Dar es Salaam.
La última batalla del conflicto ocurrió el 18 de agosto de este mismo año 2024 cuando 40.000 miembros de la tribu, amparados por el frío y la niebla, invadieron la carretera entre Ngorongoro y el Parque Nacional del Serengeti, paralizando la circulación entre los dos principales atractivos turísticos del país.
Las muchas batallas de una larga guerra
Las autoridades argumentan que el crecimiento de la población masai en la región del NCA y su estilo de vida pastoral y seminómada son inviables para la fauna y perjudican la conservación de la región del Ngorongoro. Los masai que en 1959 apenas pasaban de los 8.000, según los gobernantes del país, suman hoy más de 96.000.
Los líderes tribales y sus abogados prueban que el argumento es absurdo, pues según la Oficina Nacional de Estadística la densidad de población en NCA es tan solo de 10 personas por Km2, mientras en otras regiones de Tanzania pasan de las 1.000 personas por Km2. La reubicación, según ellos, solo busca la promoción del turismo y no se debe a razones demográficas o de conservación.
A lo largo del 2022 el gobierno tomó medidas que equivalen a un desalojo forzoso más que a una reubicación voluntaria: degradó el único hospital en la región, que ofrecía servicios médicos, a dispensario. El personal médico fue asignado a otras zonas y se interrumpieron los servicios de ambulancias. El sector educativo quedó también indefenso pues el gobierno transfirió 76.000 € de las escuelas públicas de Ngorongoro a Msomera. Más de millón y medio de euros, que percibía la región NCA, fueron destinados fuera del territorio.
Varias organizaciones dentro y fuera del país han denunciado la falta de transparencia y fallas en el proceso por parte del gobierno. No se han publicado datos oficiales sobre la compensación, y tampoco los habitantes de la provincia de Tanga, donde tienen que refugiarse los masai, han recibido consulta alguna oficial sobre los planes de reubicación.
En julio del 2024 el gobierno aprobó suprimir en la región Ngorongoro 11 distritos, 25 aldeas y 96 sub-aldeas privando de un plumazo a toda la población masai del NCA su derecho a votar en Ngorongoro, asignando sus nombres a centros de votación en Msomera. Fue el detonante que provocó la protesta del 18 de agosto.
La población se organizó y más de 40.000 masai invadieron la carretera, paralizando a cientos de vehículos todoterreno de turistas que habían pagado una jornada de safari. Cuatro días más tarde, el 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Arusha suspendió temporalmente la disolución de distritos y aldeas, decretada por el gobierno.
Las verdaderas razones de la reubicación
En enero del 2022 el comisario regional de Arusha informó a los líderes masai sobre la decisión del gobierno de arrendar a la compañía Otterlo Business Company 1.500 Km2 de tierra en Ngorongoro. Se trata de una empresa árabe dedicada a promocionar la caza y los safaris en África. El gobierno busca demarcar el área controlada de Loliondo (4.000 Km2) como zona de caza de trofeos.
El proyecto sigue en pié a pesar de las airadas protestas de toda la población masai. Lo que comenzó como rumores sin verificar, está a punto de hacerse realidad. Nuestro gobierno, al igual que otros muchos gobiernos africanos, fuerza a miles de sus ciudadanos a desplazarse y abandonar sus tierras ancestrales para favorecer a empresas extranjeras.
Nuestros gobernantes han apostado por el turismo como un modo fácil de sanear su economía. Según datos oficiales el año 2023 llegaron a Tanzania 1.8 millones de visitantes y dejaron para las arcas del gobierno 3.500 millones de dólares USA. El turismo significó el 17% del PIB nacional. Es la eterna guerra entre el dinero y los seres humanos: 700 masai han huido ya de Tanzania a Kenia, mientras se espera que otros 70.000 tengan que abandonar también sus tierras cuando el gobierno cierre definitivamente su proyecto turístico.
¿Quién ganará la guerra?
No es la primera vez que se fuerza a los masai a abandonar sus tierras. El gobierno colonial, en los años 50, lo hizo en su afán de preservar el Parque Nacional del Serengeti. Forzó a más de 60.000 miembros de la tribu a trasladarse al cercano cráter del Ngorongoro, de donde hoy quieren sacarlos. Es la interminable historia que han vivido los masai y a la que se niegan en este momento de su existencia.
La Unesco presentó al gobierno de Tanzania un plan de reubicación voluntaria y sentó las bases legales para el traslado de los masai fuera del NCA. Ocho relatores de la ONU expresaron también al ejecutivo sus temores por los desalojos forzosos, demoliciones de casas y otras restricciones. Ni la intervención de estas instituciones internacionales, ni el paro temporal del proyecto de reubicación decretado por el Tribunal Supremo de Arusha, pondrán fin al afán de recaudar un dinero fácil a los políticos del país.
Es ley de vida: los peces grandes se comen a los pequeños. Las grandes multinacionales son una tentación irresistible para nuestros gobernantes.